El objetivo de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) equivalga al 60% del sueldo promedio en España, en el cierre de la presente legislatura, se le va ya de las manos al Gobierno central en la mayor parte de las comunidades autónomas, con el grave perjuicio que el rebasamiento de ese tope tendrá para gran parte del tejido empresarial.