El alto tribunal evalúa «la nulidad» de «la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos» en aquellos municipios que hayan incumplido su obligación de crear un tribunal económico-administrativo local. El incumplimiento de la norma, de 2003, puede tumbar el cobro de IBI, IAE, tasas o plusvalía. Los jueces ya han declarado nulas liquidaciones de Zaragoza o Alicante por este motivo. Leer