La implantación real del Ingreso Mínimo Vital es objeto de debate entre diferentes actores económicos. La medida, que fue aprobada a mediados de 2020, llega en la actualidad a 1,86 millones de beneficiarios (datos de la Seguridad Social), pero las críticas sobre los trámites, accesibilidad y revisiones de esta renta garantizada tienen lugar con asiduidad.