La Junta de Castilla y León ha aprobado un decreto ley que modifica el operativo de prevención y extinción de incendios para que la próxima campaña ya trabaje todo el año, con el fin de que sea público en 2028 y para que recoja la figura de bombero forestal, lo que tendrá un impacto económico de 20 millones de euros, 12,5 de ellos por su ampliación a los doce meses.