El Gobierno puede ceder total o parcialmente la gestión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las comunidades autónomas en aras de otorgarles cierta autonomía financiera. En el caso de Cataluña, este tributo está cedido en su totalidad a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), organismo que recientemente ha resuelto un supuesto por el que de una donación de 275.000 euros, 35.750 se han destinado a pagar impuestos por no formalizarse dentro del plazo vigente.