El Estado podría tener que asumir más de 34.500 millones de euros procedentes de la deuda que las autonomías mantienen a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La quita del 20% del pasivo catalán acordada el jueves entre el PSOE y ERC, abre un complejo escenario en el que Gobierno deberá decidir qué parte de la deuda condona a las diferentes regiones sin avivar los tradicionales agravios comparativos. Muchas variables entran en juego. El objetivo -según se desprende del acuerdo de investidura con el partido independentista- es facilitar la vuelta de las Comunidades Autónomas a la financiación en los mercados de deuda a través de una modificación legal. Para ello, es preciso recortar el acumulado que mantienen, teniendo en cuenta la ratio sobre su PIB y las diferentes capacidades crediticias con la que cuentan. «El cálculo se tiene que hacer de forma individualizada y en cada comunidad se determinará el porcentaje de deuda a condonar», advirtieron ayer fuentes socialistas que siguen sin detallar la formula elegida.