Las alegaciones de la Abogacía General del Estado a la reclamación de UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) dejan claro que el Gobierno no quiere abrir, por ahora, el melón de una nueva reforma laboral para que la indemnización por despido improcedente sea «disuasoria». Pero a cambio presenta una alternativa que aboca a un ‘via crucis’ judicial para empresas y trabajadores que tendrán que pelear sus posiciones caso por caso.