El Ministerio de Trabajo presentó la reforma del registro de jornada como el plan alternativo a la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Solo un día después de esta votación fallida sacó el real decreto a consulta pública y en veinte días el Consejo de Ministros aprobó su tramitación urgente. No obstante, fuentes gubernamentales consultadas por elEconomista.es trasladan que casi tres meses más tarde la norma sigue paralizada y sin contar con los informes internos que tienen que firmar los ministerios que encabeza el PSOE.