Polémica en torno al anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020. En concreto, el debate lo ha generado la disposición final segunda, que incluye una modificación en la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que fija un supuesto por el que las víctimas de accidentes de tráfico tendrían que tributar por la indemnización que perciban de las aseguradoras.