La reforma de los subsidios por desempleo que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa quiere llevar a Bruselas promete poner el foco en endurecer las exigencias a sus perceptores a la hora de cumplir con sus «compromisos de actividad». Es decir, que estos desempleados busquen activamente un trabajo sin rechazar las ofertas adecuadas que les lleguen. La duda es cómo se plantea hacerlo, cuando las sanciones que conllevaron la retirada de la prestación de paro o un subisidio por esta causa solo llegaron a las 351 en todo el año, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2021. Esto equivale al 0,26% del total de sanciones a parados en ese ejercicio.