El debate sobre las ‘prejubilaciones’ está más de actualidad que nunca no solo por el grave impacto que supone expulsar del mercado laboral a cientos de miles de trabajadores a partir de edades tan tempranas como los 45 años, sino por el coste que implica para las arcas públicas. Los desempleados ‘seniors’ suponen el 57% del paro registrado y acaparan el 62% de las prestaciones. ¿Pero cuántas de estas personas están realmente buscando trabajo y cuántas están inscritas en las oficinas solo por cobrar una ayuda pública hasta poder jubilarse? El cruce entre los últimos datos de la Encuesta de Población Activa y los del SEPE arroja una brecha que en septiembre rondaría los 380.000. Un 48% más que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018.