El uso de dinero en efectivo está estrechamente vigilado en España. La Agencia Tributaria monitoriza todo tipo de operaciones vinculadas con él y en los últimos años se han reducido los límites al pago con efectivo, de tal forma que todos los esfuerzos vayan en un único fin: paliar el impacto que las actividades delictivas que se relacionan con el efectivo tienen en la economía del país.