La inclusión es uno de los valores sociales que defiende el Estado español, basándose en su guía fundamental: la Constitución Española. En específico, el artículo 49 determina que las instituciones públicas deben fomentar políticas de integración a las personas con discapacidad de todo tipo y deben estar protegidos de manera especial para que disfruten de sus derechos como ciudadanos españoles.