El avance implacable de la generación del ‘baby boom’ obliga a buscar soluciones en busca de la sostenibilidad y eficiencia de la Seguridad Social y de las pensiones públicas. Por esta razón, el Gobierno llevó a cabo un proceso reformista durante la pasada legislatura y aún quedan retoques: la jubilación parcial o la anticipada por trabajos penosos, entre las modalidades de retiro más destacadas. La jubilación demorada ya se está impulsando (ha crecido un 50% en 2023) mediante un cheque al contado de 4.000 euros por año demorado o un 4% adicional en la prestación; además, los expertos del Instituto Santalucía reclaman actuar para flexibilizar la salida del mercado laboral y aprovechar la mano de obra sénior.