Juristas e inversores alertan de graves lagunas legales en el decreto del Gobierno que regula el plan de choque contra la inflación. Las ambigüedades legislativas de la normativa generan así una inseguridad jurídica que asusta a los agentes económicos. En concreto, la poca precisión del texto legislativo en materia de la prohibición de los despidos, el límite al precio del alquiler y el acceso a las bonificaciones de los combustibles han desatado estos días un aluvión de consultas a asesorías y despachos de abogados.