En 2001, una joven Patricia Bullrich, ministra de Trabajo de Argentina, defendió la ley de «déficit cero», que obligaría al Gobierno a realizar recortes de gasto proporcionales en todas las partidas (sueldos públicos, inversiones, pensiones, sanidad, educación, obras) si los ingresos fiscales del Estado se quedaban por debajo de lo presupuestado. Aquella ley, declarada inconstitucional en 2002, fue uno de los detonantes de la crisis social y económica que culminó en el corralito de aquel diciembre. Han pasado 22 años, y ahora Bullrich, excandidata presidencial derrotada en primera vuelta, es la socia de un nuevo presidente, Javier Milei, que ha anunciado que aplicará voluntariamente el espíritu de esa ley desde el mismo día de su toma de posesión, el 10 de diciembre. «Va a venir un ajuste de shock», avisó en una entrevista de televisión.