Moncloa ha aprovechado el real decreto-ley con el que aprueba su Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio para volver a prorrogar una de las medidas societarias más sensibles que nacieron en la pandemia: la suspensión de la causa de disolución por pérdidas. La maniobra aparece encajada dentro del bloque de medidas económicas del texto y permite que, también a efectos de 2026, no se tengan en cuenta las pérdidas registradas en 2020 y 2021 al calcular si una sociedad ha quedado en causa legal de disolución por tener el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social.